Un Estado desigual en tiempos de crisis. El caso de México
A dos años y medio de la llegada de la pandemia al mundo, no es una novedad que ésta haya revolucionado la manera en que concebimos la vida, ni tampoco los desafíos inherentes que vinieron consigo. Sin embargo, lo que sí sigue siendo sorpresa para muchas comunidades en el mundo ha sido la capacidad de reaccionar, enfrentar los retos y, en consecuencia, la colaboración que ha existido o no para enfrentar las dificultades.
En general, se ha observado que las comunidades que mejor han enfrentado los retos de la pandemia han actuado de manera coordinada y colaborativa. Han priorizado los valores colectivos y el interés común por encima del individualismo. No obstante, la línea que separa una cosa de la otra no necesariamente es evidente y tajante, sino que están entreveradas.
Por ejemplo, en México la pandemia llegó en condiciones de desigualdad, precariedad laboral y polarización social. Casi el 60% de la población que trabaja no tiene derechos laborales ni prestaciones. Y más de 50 millones de mexicanos (42%) se encontraban en situación de pobreza. Las poblaciones en situación de vulnerabilidad son quienes mayormente se han visto obligadas a asumir los costos de la pandemia al carecer de esquemas de protección social, acceso a servicios de salud, estabilidad laboral o ingresos suficientes para cumplir con las medidas sanitarias de distanciamiento social.
Ante esta situación, la respuesta colaborativa en México ha sido ambivalente. Por un lado, ha existido olvido, indiferencia y desdén. Por otro lado, hay experiencias y casos de empatía, colaboración y solidaridad. Desde Colabora.Lat México hemos analizado las experiencias de la población de trabajadoras del hogar y de migrantes en tránsito.
Entre los principales resultados hemos observado que en el ámbito federal ha habido una escasa respuesta colaborativa para la atención de la población migrante y de las trabajadoras del hogar durante la pandemia. Para las personas migrantes, en lugar de generar políticas y respuestas de ayuda, programas sociales como “Ciudad Hospitalaria” fueron suspendidos o bien, migrantes inscritos en el “Programa Emergencia Social” fueron relegados. Para las trabajadoras del hogar se abrió un subprograma de microcréditos al que solo podía acceder el 1% de la totalidad de 2.4 millones de trabajadoras asalariadas del hogar que hay en el país.
En otro orden de ideas, la colaboración social principalmente entre organizaciones de la sociedad civil –y en algunos casos con gobiernos subnacionales— ha sido fundamental para atender los efectos de la crisis de la población migrante y las trabajadoras del hogar. Esta última situación revela que, la piedra angular de la colaboración ha sido la construcción de lazos de confianza previos a la llegada de la COVID-19 a México.
Las organizaciones de la sociedad civil mostraron su capacidad de respuesta rápida e innovadora, mantuvieron un rol de articulación y facilitación de procesos en el otorgamiento de apoyos a personas en situación de vulnerabilidad y crearon espacios de participación y colaboración colectiva. No obstante, el alcance y temporalidad de estos esfuerzos son acotados y principalmente de corto plazo.
Esto nos lleva a reflexionar y reconocer, de un lado, que es fundamental exigir que los derechos sean garantizados y, de otro lado, que asumamos la responsabilidad social de colaborar y actuar colectivamente en favor de las personas que se encuentran en situaciones complejas, así como garantizar un piso mínimo de condiciones que permitan a las personas más desfavorecidas vivir con dignidad.
Observamos que la asimetría de información, recursos económicos y poder ha exacerbado las condiciones de desigualdad estructural que existían y ha complejizado la vida de millones de personas. Es por ello que, en primer lugar, es necesario que exista el compromiso de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para impulsar políticas focalizadas de largo para las personas que han sido más afectadas por la pandemia; que dichos esfuerzos y políticas promuevan acciones conjuntas y responsabilidades compartidas; y poner en el centro el cumplimiento de nuestros derechos y los valores colectivos.
Autora: Marcela Rubí Aguilar Arévalo
Directora de Formación
Nosotrxs
