Mujeres del sector informal en Bolivia: Entre la crisis por la pandemia, la resiliencia económica y la gobernanza
En Bolivia, las mitigadoras de la crisis desatada por la pandemia han sido principalmente las mujeres, tanto rurales como urbanas, por su capacidad de adaptación al mercado cruzado por la demanda en pandemia y por la gestión de lo doméstico y los cuidados. Sin embargo, han sido ellas las más afectadas, tanto en términos económicos como por la profundización de las condiciones de desigualdad en la que muchas se encuentran y la violencia de género desatada durante el encierro.
Mujeres que trabajan en la economía informal: las más afectadas
La pandemia afectó sustancialmente a las mujeres que trabajan en la economía informal en Bolivia, pues ellas representan al 72.6% de la población (1), en un contexto en el que la informalidad es un rasgo normal y central de la economía. La mayoría trabaja por cuenta propia, en el negocio del comercio, en la venta de mercados o bien en la comercialización de productos que traen del campo a la ciudad, y con los cuales viven de lo que producen en el día.
Las medidas mitigadoras de la crisis sanitaria, como el confinamiento, las restricciones a la circulación de transporte, las prácticas de distanciamiento físico y la priorización de la venta de insumos de primera necesidad, afectaron directamente sus ingresos. Varias comerciantes no pudieron salir a la calle o desplazarse para la venta de sus productos. Se vieron sobre todo afectadas quienes trabajan en la venta de artículos que no son de primera necesidad, por la caída en la demanda como consecuencia de la reducción de salarios percibida en los hogares. Es el caso de las vendedoras de ropa o juguetes por ejemplo, en quienes hasta ahora prevalece una débil recuperación de sus ingresos.
Por otra parte, la suspensión de las fiestas patronales (Gran Poder, Carnavales y otras entradas folklóricas de carácter religioso-cultural) y otro tipo de celebraciones (matrimonios, quince años, prestes, etc.) que en el país son generadoras de millones de dólares y fuente de ingresos para miles de familias, tuvo grandes consecuencias en la economía de las mujeres insertas en el ámbito textil como bordadoras y costureras de trajes para los danzantes, como para la miles de comerciantes que ocupan las calles durante las fiestas ofertando una infinidad de productos. Todas ellas vieron súbitamente perdida su fuente laboral pero además muchas ya arrastraban una deuda anterior que, en varios casos, aún no había terminado de pagarse.
Asimismo, el retorno obligado a la casa por el confinamiento significó la supresión del relativo espacio de emancipación que el trabajo “fuera de casa” les permitía y la vuelta a los roles tradicionales de género con el consecuente incremento de la carga doméstica, de cuidados y crianza de sus dependientes. En la actualidad, la conciliación de la vida familiar y laboral continúa siendo un desafío para quienes tienen bajo su cargo a menores de edad (hijos/as, nietos/as, etc.), pues su tiempo de permanencia en el puesto de venta está limitado por el apoyo escolar que deben dar a los menores en casa a raíz de la educación virtual.
Los episodios de violencia hacia las mujeres afloraron de forma mucho más recrudecidos, y existieron un conjunto de limitaciones que imposibilitaron a las víctimas lograr denunciar o ser atendidas.
Frente a la crisis las mujeres no se han quedado de brazos cruzados
Los bonos promovidos por el gobierno transitorio de Añez y posterior gobierno de Arce, resultaron insuficientes para cubrir las grandes necesidades del sector. En tal sentido, las mujeres hallaron formas de reinventarse para adaptarse a la situación de crisis. Una de las principales estrategias asumidas fue el cambio de rubro. Por ejemplo, la venta de ropa fue sustituida por la costura de barbijos y trajes de bioseguridad; de vender juguetes se pasó a vender ajos; la oferta de cosméticos fue reemplazada por la venta de comida, en tanto, otras comerciantes cambiaron sus productos por la venta de barbijos y alcohol. En suma, hubo iniciativas que salieron a flote y que buscaron atender las demandas actuales del mercado, cruzado por el tema de la pandemia, lo que obligó a generar cierto tipo de articulaciones entre las propias productoras individuales así como el emprendimiento de nuevas iniciativas familiares.
La pérdida del capital de trabajo llevó a varias a acudir a préstamos de familiares y renovación de créditos con vendedores mayoristas para evitar la burocracia y los intereses de los bancos.
Vendedoras de mercados, que debían trasladarse largas distancias desde sus domicilios hasta su puesto de venta en el mercado, idearon formas de desplazarse con sus productos, cargándolos a pie o pagando taxis “ilegales” en horarios nocturnos y de madrugada para evitar los controles policiales, arriesgándose a que las asalten o tomen presas.
Incluso en plena pandemia, un sustancial grupo de asociaciones y la Federación Nacional de mujeres de mercados, organizó una marcha movilizada en contra de varias medidas impuestas por el municipio de La Paz, entre ellas la exigencia de pagar sus propias pruebas de COVID, que en ese momento llegaban a costar Bs. 900 (130 dólares), un costo exorbitante para ellas. Esta medida logró ser depuesta por la autoridad edil luego de esta movilización.
Estas acciones permiten esbozar como hipótesis que, en el caso de Bolivia, la mitigación de los impactos económicos de la pandemia parece más factible de lograr desde las articulaciones y capacidad de resiliencia económica y social de las mujeres que trabajan en la economía informal más que de los esfuerzos y políticas instaladas por el gobierno central y los distintos niveles de gobierno descentralizados.
Desafíos y puntos para el debate sobre la gobernanza, desde la perspectiva de las mujeres
Con relación a lo anterior, se rescatan lecciones importantes que la pandemia está dejando en cuanto a la gobernanza social y la actuación de las mujeres bolivianas en tiempos de crisis:
- No es posible una gobernanza colaborativa (2) paliativa de la crisis que no considere al denominado “sector informal” de la economía y a las mujeres insertas en él como aliadas clave para el modelo de desarrollo económico. En Bolivia, la economía informal es considerada como sector NO estratégico de la economía y subordinada a un modelo benefactor de empresarios privados y de políticas extractivistas. Sin embargo, en los hechos, es el sector informal el que ha resultado estratégico para la subsistencia de las familias y la gestión de la crisis en pandemia, representando al 80% de la población por su sustancial engrosamiento como consecuencia derivada de la crisis sanitaria (3).
2. En Bolivia, existen formas de gobernanza situadas –y con fuerza- en otros niveles, además de los estatales, desde las cuales se establecen pactos, intercambios y exigencias entre organizaciones y actoras/es sociales; de ellas/os con sus asociaciones y federaciones y de éstas con los actores políticos estatales. Las mismas influyen y tienen mucho peso en las decisiones del gobierno central y los gobiernos subnacionales (alcaldías, gobernaciones), sobre todo, cuando provienen de sectores fuertes como el de trabajadoras/es informales, gremiales o del transporte. Por tanto, recoger la forma como se articulan intersticialmente este tipo de vínculos en pandemia, en particular de las federaciones, asociaciones y organizaciones de mujeres, constituye una tarea hacia adelante como parte del estudio sobre gobernanza colaborativa que se desarrolla desde el proyecto Colabora.Lat.
3. El uso del término “economía informal” como categoría de análisis de todas aquellas actividades económicas que se desarrollan al margen de la legalidad pero que sin embargo aportan al PIB, resulta en extremo limitativo y reduccionista para el contexto boliviano como para las demandas planteadas por colectivos que abogan por los derechos de las mujeres, pues invisibiliza otro modelo económico que co-existe con el modelo acumulativo y de intercambio (aunque actúa de forma absolutamente inversa a él). Se trata de la denominada economía de la reciprocidad que no se contabiliza en el PIB pero que en términos efectivos, contribuye a la subsistencia y reproducción social del mercado a través de valores de uso no comerciales tales como el trabajo doméstico realizado por las mujeres; el pasanaku (4) como tecnología de préstamos sin intereses y como propulsor de la cohesión social; de la asistencia voluntaria a ancianos, niños y enfermos y la ayuda mutua, y del voluntariado e intercambios no monetarios de servicios, trabajos y equipos (5).
Desde este último modelo, se posibilitó la articulación de formas de supervivencia sin las cuales no hubiera sido posible la subsistencia familiar. En tal sentido, resulta menester comprender toda aquella fenomenología económica, que ofrece soluciones para la vida y sobrevivencia comunal, vinculada con procesos socioculturales y con influencia en política y gobernanza, que los tradicionales enfoques económicos no logran explicar.
4. Desde una perspectiva de género, también es importante considerar cómo la experiencia de la gestión doméstica y la crianza llevada a cabo, fundamentalmente, por las mujeres y ahora extendida por la pandemia, puede expandir una forma de hacer política femenina hacia lo público y ser reconocida en la política pública como un aporte a la economía y al buen vivir en general.
5. La violencia hacia las mujeres, requiere ser atendida desde una gobernanza colaborativa pero además feminista, desde la cual se emprendan acciones puntuales e inmediatas que pongan un freno a la violencia de género y erradiquen los procesos de retardación de justicia tan nocivos en el país.
Referencias
(1) CEDLA, 2018
(2) La gobernanza colaborativa es definida como la toma de decisiones y articulación de un conjunto de actores tanto políticos como sociales, para el diseño, coordinación e implementación de políticas. También se refiere a la factibilidad en la elaboración de políticas (en términos de probabilidad de ser completamente implementada), la efectividad de las mismas (en términos del impacto de la política propuesta) y su legitimidad (en términos de apoyo de la población objetivo).
(3) Según estimaciones del Municipio de El Alto, que aglutina la mayor cantidad de trabajadores en la informalidad, este sector habría incrementado en un 10% durante la pandemia, llegando a constituirse en el 80% de la población.
(4) Pasanaku es un sistema colectivo de ahorro y crédito rotativo cuyo origen se cree que se remonta a las prácticas prehispánicas en Bolivia.
(5) Medina, prólogo a Dominique Temple, 1995. Estructura Comunitaria y Reciprocidad del quid-pro-quo histórico al economicidio. Hisbol, reeditado en 1995
Referencias bibliográficas
Núñez, Bethel y Viaña, Jorge (2019). Mujeres trabajadoras de la ciudad de El Alto. Entre la informalidad, la explotación y la violencia. La Paz: Alianza por la Solidaridad.
Castilleja-Vargas, Liliana (2020). Bolivia hacia una recuperación económica resiliente y sostenible en tiempos COVID-19. Documento para discusión. La Paz: BID.
Escóbar, Silvia et al.(abril de 2020). La crisis del coronavirus y la amenaza de una nueva gran depresión. Alerta Laboral 87: Trabajadores y crisis del COVID 19 “Llueve sobre mojado”. N° 87, Año X, abril 2020. La Paz: CEDLA.
Castells, Manuel y Portes, Alejandro (1990). La economía informal. Buenos Aires: Planeta.
Farah, Ivonne (2016). Economía feminista y economía solidaria ¿alternativa al patriarcado?. La Paz: REMTE.
OIT (2020). Panorama laboral 2020 América Latina y El Caribe. Edición COVID 19.
ONU Mujeres (2020). Análisis del impacto COVID 19 sobre las mujeres trabajadoras en Bolivia. La Paz.
OXFAM Bolivia (2020). Tiempo para cuidar, compartir el cuidado para la sostenibilidad de la vida.
Portes, Alejandro (1995). En torno a la informalidad. Ensayo sobre teoría y medición de la economía no regulada. FLACSO: México.
Autora: Ximena Pabón Frías
Integrante del equipo Colabora.Lat Bolivia
