LA CALLE ES NUESTRA: JÓVENES CON DERECHO A PENSAR Y SER LIBRES: MÁS ALLÁ DEL DERECHO A LA CIUDAD.
Una de las mayores preocupaciones sobre la COVID-19 en Colombia se centró en el temor por la exacerbación de las desigualdades y profundización de las brechas entre los diferentes sectores sociales, especialmente, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad más alta que otros. Así, las juventudes negras fueron uno de los grupos más afectados por la contingencia sanitaria. El escenario post pandemia se tornó preocupante para las organizaciones sociales, juventudes y comunidades negras. El temor por el aumento de la represión como forma de control del territorio propias de gobiernos autoritarios evocó el estudio de nuevas formas de gobernanza que permitan el ejercicio de la vida digna.
Es menester, problematizar cómo el Oriente de Cali, territorio donde habitan las juventudes negras, se configura como un espacio donde se niegan los derechos básicos y fundamentales, como el derecho a ser, para proponer políticas públicas que caminen hacia la gobernanza colaborativa y cierren las brechas profundas que existen en la sociedad con el fin de construir proyectos de vida dignos para todos, siendo el objetivo del presente texto reflexionar sobre los conceptos de justicia espacial y derecho a la ciudad.
En esa dirección, el espacio de Juventudes Populares de la Asociación Casa Cultural el Chontaduro, se ha propuesto fortalecer el empoderamiento de las juventudes negras del Oriente de Cali, generar espacios de reflexión sobre las distintas problemáticas del contexto y estrategias de resistencia, desarrollar actividades lúdicas y formativas e incentivar la agencia y la organización Afro-juvenil.
Algunas actividades están enfocadas en transformar, resignificar y recuperar las calles que han sido cooptadas por distintos grupos armados. Una de las actividades tuvo por nombre “La calle es nuestra, jóvenes con derecho a pensar y ser libres”.
Durante varias semanas, las juventudes tomaron las calles para jugar, desarrollar dinámicas que fortalecieran sus vínculos con la comunidad y a su vez recuperar el espacio, resignificando el sentido de confrontación y de violencia, por espacios de encuentro entre jóvenes, entre la niñez y entre la comunidad en general; exigiendo a su vez, el derecho a habitar las calles, los barrios, la ciudad y cualquier territorio sin el temor a que les señalen, criminalicen y les asesinen.
En ese sentido, cabe reflexionar sobre conceptos como justicia espacial y derecho a la ciudad, en la experiencia de las juventudes negras habitantes del Oriente de Cali, participantes del grupo Juventudes Populares, en el marco de la pandemia del Covid-19. Para ello se retoman algunas de sus reflexiones y comentarios que se han ido recogiendo durante los encuentros regulares, para continuar discutiendo sobre la ciudad a la que se enfrentan y la ciudad que sueñan y que están construyendo, sin perder de vista el racismo y justicia racial como elementos transversales de la discusión.
Una ciudad como Cali, profundamente racista y clasista concentra al oriente de la ciudad más de un 70% de población afrocolombiana (DANE,2005). Habitar esta ciudad para las juventudes negras del oriente, es estar expuesto a la violencia constante, a la criminalización, persecución y negación absoluta al derecho a la ciudad, entendido no solo como la imposibilidad de transitar libremente por distintos espacios o la negación de derechos fundamentales, sino principalmente el derecho a vivir; uno de los jóvenes del grupo Juventudes Populares de la Casa Cultural el Chontaduro menciona que “es difícil sentirse libre porque siempre estamos con miedo que nos maten”.
Este joven reconoce en los homicidios, un fenómeno que se convierte en un hecho sistemático para las juventudes negras de las periferias urbanas y no solo reconoce la muerte en su experiencia de vida, de sus familiares y amigos, sino también cómo la desigualdad social se convierte en un hecho constante para las juventudes y los pueblos negros. La negación al derecho de educarse, de tener un trabajo digno, de habitar una vivienda digna, es la negación misma de su existencia, es la muerte en vida. En el encuentro nacional de Juventudes, uno de los jóvenes mencionó que:
“[…] Es increíble como muchas personas criminalizan a la comunidad del oriente de Cali, nos llaman vándalos y rateros por el simple hecho de vivir allí, ver y escuchar cómo reproducen el estigma y no se toman la tarea de investigar más a fondo lo que realmente pasa, y darse a la tarea de conocer cómo los jóvenes crean grupos para derribar todas esas barreras que les impiden alcanzar sus sueños u objetivos, el joven que hace el sacrificio para sacar sus estudios adelante, el bailarín, el deportista entre muchos otros que luchan a diario para transformar su vida y el territorio, donde el talento abunda pero por la falta de oportunidades y oposición del gobierno no muchos potencializan y las circunstancias casi que los obliga a tener otros focos […]”
Las narrativas e historias de vida de las juventudes negras periféricas dan cuenta no solo de la criminalización a la que se ven sometidas, sino también de cómo el estigma, resultado del racismo estructural, no solo niega oportunidades, derechos fundamentales y libertades, sino que termina por arrebatarles la vida. Datos del informe de “Cali Cómo Vamos” (2020) menciona que, el Oriente de Cali concentra el mayor número de homicidios, 47 de cada 100 fueron sobre población joven; datos de medicina legal informan que, en la ciudad de Cali en el año 2020 se presentaron 1075 homicidios y para el año 2021 se presentaron 1217, con un incrementó de 13,2% respecto al año anterior.
A finales del mes de junio del 2020, en el marco de la pandemia, el Escuadrón Antimotines (ESMAD) de la Policía Metropolitana de Cali ingresó al barrio la Colonia Nariñense, con el fin de terminar una fiesta en la que según lo dicho por el periódico El Tiempo, se “encontraban impartiendo 500 personas, quienes se encontraban infringiendo la ley del toque de queda”. Al día siguiente de esta situación fueron incontables los mensajes ofensivos, racistas y clasistas, contra los habitantes del oriente de Cali, que se movilizaron por las redes sociales. Mensajes como: “No es racismo, pero no vi ni un blanco en esa fiesta”, “Deberían lanzarles una bomba química y listo”, “Estos son familiares de los ladrones que estaban en otro lado”.
Si retomamos la parte final del último comentario, “ladrones que están en otro lado” podemos inferir que se trata de esa otra ciudad, esa ciudad que no es oriente de Cali, ese Oriente negro, criminal, problemático entre tantas otras cosas dichas en las redes, que expresan el racismo estructural y la injusticia social latente en una ciudad como Cali. Esta ciudad cuenta con 2.523.925 habitantes de los cuales -según cifras del DANE- la población negra/afro corresponde a un 26%.
Los datos registrados por el DANE han sido fuertemente cuestionados por las organizaciones y comunidades negras, quienes aluden que la población negra/afro supera más del 50% de la población del municipio, distintas organizaciones pertenecientes a la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), han denunciado el genocidio estadístico del censo del 2018, en el que más de un millón trescientas mil personas fueron borradas del censo, muestra clara del racismo estructural e institucional sistemático que profundiza las brechas de desigualdad ante la invisibilización de los datos reales, y más allá de eso la invisibilización de las necesidades de las comunidades.
De los datos mencionados más del 70% de la población afro se encuentra en el Distrito de Aguablanca, oriente de la ciudad. Según el informe de “Cali Cómo Vamos” (2020), en la ciudad habitan más de 531 mil jóvenes, es decir 24 de cada 100 caleños tienen entre 14 y 28 años. Esta población se concentra principalmente en la zona oriente de la ciudad -comunas 13, 14, 15 y 21- y en las comunas 6, 18, y 19.
Para el año 2021, 39 de cada 100 jóvenes de Cali-Yumbo, se encontraban en situación de pobreza monetaria y 14 de cada 100 en situación de pobreza extrema. Los datos de “Cali Cómo Vamos” sobre el desempleo para el trimestre junio y agosto evidencian que la ciudad de Cali cuenta con la cifra más alta en comparación con ciudades como Bogotá y Medellín, tanto para el 2020 como para el 2021. Situaciones que se agudizaron por la emergencia sanitaria de la COVID-19 y por el paro nacional del 28 de abril del 2021.
Sin embargo, las cifras antes descritas no son suficientes para dar cuenta de las realidades violentas que viven las juventudes negras en el territorio. Las organizaciones sociales han levantado sus voces para denunciar y visibilizar cómo los organismos institucionales no contemplan la categoría raza en sus informes sobre homicidios, salud, educación, empleo, entre otros. Son pocos los datos que surgen de las instituciones estatales que brinden una información diferenciada por raza. Ejemplo de ellos ha sido lo sucedido durante la pandemia de la COVID-19, puesto que las políticas de atención frente a los efectos que ha traído la pandemia han sido ineficaces y revictimizantes. La falta de propuestas diferenciadas por raza, clase, género y edad han generado en los territorios negros profundas inequidades y desigualdades.
Son otras entidades, organizaciones, centros de pensamiento, y medios de comunicación alternativos quienes levantan información que permita acercarse de una manera más crítica y detallada a la información real y veraz. En una publicación de InSight Crime, -que tiene por nombre ¿Quién responde por el incremento de los asesinatos en Cali? – se menciona que, para el mes de mayo del año 2021, la ciudad registró 117 homicidios, reconocido como el mes más sangriento en los últimos cinco años, para el mes de junio la cifra de muertes fue de 114, estos homicidios se presentaron en el marco del paro nacional como causa del descontento social.
Aunque los datos recopilados por la misma entidad se encuentran en el marco del paro nacional del 2021 y no contemplan la categoría raza, estos dan cuenta de cómo la ciudad de Cali sigue siendo la ciudad más violenta y con mayores tasas de homicidios de Colombia, para InSight Crime los factores que impulsan estas tasas de homicidios son: sicariato, disputas por los mercados locales de la droga y pandillas prestas al ajuste de cuentas.
Las comunas que presentaron mayores cifras evidencian la zona del oriente y la ladera como las zonas con mayores cifras de homicidios.
Recuperado de https://es.insightcrime.org/noticias/quien-responde-incremento-asesinatos-cali/
A partir de la discusión y las cifras descritas se puede concluir que, el enfoque racial es clave para analizar cómo se produce el orden social y espacial. Dicho orden tiene un papel central en la forma en que se construye y se produce la vida urbana. Una pregunta importante sería: ¿Por qué algunos territorios están condenados a la violencia, a la desigualdad, a la segregación y a la muerte y otros gozan de los privilegios y de la protección del estado?
Bibliografía
- DANE. (2005). Boletín Censo General 2005, Buenaventura. Recuperado de https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76109T7Tooo.PD
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- Harvey, D. (2013). Ciudades rebeldes: del derecho de la ciudad a la revolución urbana. Ediciones akal.
- Informe de Juventudes. (2021, 15 mayo). CaliCómoVamos. https://www.calicomovamos.org.co/informe-de-juventudes
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- Vargas, J. H. C. (2020). Racismo não dá conta: antinegritude, a dinâmica ontológica e social definidora da modernidade. Revista Em Pauta: teoria social e realidade contemporânea, 18(45).
Autoras y autor: Andrea Moreno, Kevin David Soto, Alejandra Alzate
Coordinadores de Juventudes
Asociación Casa Cultural el Chontaduro (Colombia)