Interseccionalidades y pandemia: experiencias afrojuveniles en territorios vulnerabilizados
Esta reflexión busca resaltar la importancia de un enfoque interseccional para la creación, implementación y análisis de políticas públicas en el marco de la pandemia por covid-19 a través del estudio de experiencias afrojuveniles en los territorios de Cali, Buenaventura y Puerto Tejada.
Llevamos más de un año cohabitando con la pandemia del COVID-19 y América Latina ha sido una región donde las desigualdades se han ampliado tremendamente. Esta emergencia sanitaria, económica y social ha evidenciado, una vez más, el racismo estructural global que refuerza las condiciones de vulnerabilidad en las que viven algunas poblaciones, entre las que cabe destacar el dificultoso acceso a servicios de salud. En Colombia, a pesar de que más del 40% de los casos se han concentrado en centros urbanos como Bogotá o Barranquilla, la pandemia ha afectado de manera significativa a poblaciones más vulnerables, como las comunidades afrocolombianas del Pacífico y el Caribe colombiano (Sinisterra y Valencia, 2020).
Dentro de este panorama, es fundamental conocer las experiencias afrojuveniles en los territorios de Cali, Buenaventura y Puerto Tejada, para entender las agencias de estos jóvenes en situaciones donde la violencia es persistente y la precariedad aumenta, en función de las dinámicas socioeconómicas de cada lugar y de la pandemia. Nuestro objetivo con esta reflexión es resaltar la importancia de un enfoque interseccional para la creación, implementación y análisis de políticas públicas en el marco de la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, primero presentaremos un contexto de estos tres territorios, abordando algunas cifras que revelan las condiciones de pobreza, marginalidad y violencia juvenil, para luego indicar las acciones de resistencia afrojuveniles que nos invitan a visibilizar la incidencia y conocer las demandas que surgen a partir del recrudecimiento de la desigualdad social a causa de la pandemia de la COVID-19. De esta manera, podremos dar cuenta de cómo las comunidades y organizaciones negras/afrocolombianas siguen denunciando y visibilizando el destierro sistemático que se ha perpetuado, a causa de la violencia generada por el conflicto armado y que, ahora, se ha potenciado con la pandemia.
Un panorama a tres contextos de desigualdad y vulnerabilidad
Los tres lugares de trabajo están situados en la región del Pacífico Colombiano. El primero es el puerto de Buenaventura, el más importante del país, ubicado al sur del litoral Pacífico. Cuenta con una población de casi 450 mil habitantes de los cuales el 88% son afrodescendientes, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- (2005). El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2012) destaca que el 66% de la población se encuentra en condición de pobreza y, dentro de este rango, el 44% se encuentra en condiciones de indigencia. El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 indica una tasa de analfabetismo del 14,1%, desempleo de larga duración de 43,5% y hogares sin acceso a fuente de agua de 26,3%. En cuanto a las dinámicas de violencia, Buenaventura es un sitio disputado por diferentes actores armados debido a su posición geoestratégica, que le permite ser un lugar privilegiado para el desarrollo de actividades ligadas al narcotráfico. En este contexto, presenta una tasa de homicidios de 17,1 por cada 100.000 habitantes, mientras que el número de desapariciones forzadas y el reclutamiento de jóvenes y menores de edad por parte de actores armados aumenta progresivamente.
El segundo lugar es la ciudad de Cali que cuenta con 2.523.925 habitantes de los cuales -según cifras del Departamento administrativo nacional encargado de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia (DANE)- la población afrojuvenil corresponde a un 26%. Este porcentaje es muy cuestionado por las organizaciones y comunidades negras, quienes aluden que la población negra/afro supera más del 50% de la población del municipio. De este porcentaje, más del 70% se encuentra en el Distrito de Aguablanca, oriente de la ciudad, un sector marcado por sus condiciones vulnerables. Según datos de “Cali Cómo Vamos” (2020), en la ciudad habitan más de 531 mil jóvenes, quienes tienen dificultad para acceder a educación y trabajo. Esta población se concentra principalmente en la zona oriente de la ciudad -comunas 13, 14, 15 y 21- donde se concentran el mayor número de homicidios. De acuerdo a datos del Observatorio de Seguridad de la ciudad, la tasa de homicidios es de 51,28 por cada 100.000 habitantes, una cifra muy alta si se compara con la cifra nacional que es de 23,75, y donde la gran mayoría de personas asesinadas son población joven. Así, Cali se torna la ciudad con mayor tasa de homicidios en relación a otras grandes ciudades colombianas como Bogotá, Medellín y Barranquilla.
Y el tercer lugar es el municipio de Puerto Tejada, ubicado al noreste del departamento del Cauca, con una población de 45.678 habitantes. Según el DANE (2005) el 97,5% de la población se auto reconoce como negro, raizal, palenquero, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. El 52% de la población se encuentra en condiciones de pobreza y la cobertura en educación es solo del 37% (Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019). Además, Puerto Tejada ha sido un lugar muy golpeado por las dinámicas asociadas a la violencia, afectando primordialmente a jóvenes con una tasa de homicidios de 108,75 por cada 100 mil habitantes, lo que lo hace uno de los municipios más violentos del país.
Pandemia, resistencia e interseccionalidad
En el marco de la pandemia de la COVID-19, la pobreza en Colombia aumentó de una manera importante. Según el DANE, para abril de 2021, el 42% de la población estabaen situación de pobreza. Por su parte, la tasa de ocupación se ubicó en un 51,1%, lo que representó un aumento de 5 puntos porcentuales comparado con junio de 2020 (46,1%). Por su parte, la tasa de desempleo juvenil aumentó, pasando de 18,7%, antes de la llegada de la COVID-19, a 23,1% en el trimestre de febrero a abril de este año. Los datos más recientes del DANE (2020) reportan que en el país hay 1,57 millones de jóvenes desempleados, mientras que los jóvenes inactivos ascienden a 5,5 millones. Estos indicadores muestran que, a pesar de la reactivación económica, las y los jóvenes continúan sintiendo con mayor fuerza las repercusiones de la crisis sanitaria, económica y social, al ser los más afectados del mercado laboral. Estas brechas, establecidas por condición étnico-racial, de clase, género, territorio y generación, que experimentan los y las jóvenes de los distintos territorios, permiten evidenciar cómo la imbricación de estas dimensiones producen experiencias de vida muy particulares, marcadas por una profunda desigualdad.
Esto también evidencia que las y los jóvenes afrocolombianos de los territorios más empobrecidos y vulnerados del país son a quienes más asesinan, muchos de ellos producto de asesinatos a manos de las fuerzas armadas legales e ilegales. Sin embargo, la muerte física no es la única forma de acabar con la vida de las juventudes negras de estos tres territorios. La negación de los derechos fundamentales, tales como acceso a educación de calidad, a salud integral y digna, empleo formal, vivienda digna, justicia, acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento básico, demuestran cómo para las personas negras y, en particular, para las y los jóvenes negros es negada la existencia misma. Esta situación nos deja entrever cómo funcionan y se articulan el racismo, el clasismo y el sexismo, acabando de manera simbólica y física con su vida. Es por esto que, para hablar del impacto que ha traído la COVID-19 a los territorios habitados principalmente por poblaciones afro, es importante conocer las desigualdades estructurales y entender las articulaciones entre género, clase, raza y su relación con la violencia y el racismo estructural.
Gandarias Goikoetxea (2017) considera la interseccionalidad como una herramienta teórica, que se ha venido consolidando con el posicionamiento de los grupos negros antirracistas, feministas chicanas y lesbianas que problematizaron los distintos discursos hegemónicos de las feministas blancas, heterosexuales y occidentales que no cuestionaban desde lo político su lugar de privilegio. No obstante, tanto Nash (2008) como McCall (2005) mencionan que es importante reconocer la diferencia entre las concepciones metodológicas de la interseccionalidad y las prácticas que se llevan a cabo en las investigaciones interseccionales, las cuales requieren de un posicionamiento político claro y de acciones contundentes.
Bajo este panorama desalentador, e identificando cómo ciertos grupos atravesados por las distintas opresiones son los más afectados por las consecuencias de este momento crucial de la historia humana, las comunidades y las organizaciones sociales de base y populares, que han trabajado durante muchos años los enfoques de raza, género, territorio y juventud, denuncian el abandono estatal, la vulneración de derechos humanos, el empobrecimiento, la marginalidad y la exclusión, además de exigir que sus peticiones y propuestas sean escuchadas.
En este sentido, jóvenes afros de diferentes organizaciones de base en el Pacífico colombiano, vienen conformando durante largo tiempo espacios de discusión y denuncia, que se vieron impulsados en el marco de la pandemia y del paro nacional que inició el 28 de abril del 2021, desembocando en Cali, como lugar de diálogo y concertación. Durante varias asambleas populares y juveniles, se construyó un pliego de exigencias que de manera resumida se enfoca en cinco líneas: Educación, Salud, Desarrollo Económico, Participación Democrática y Fortalecimiento Cultural, con diversas propuestas que continúan siendo discutidas en mesas de diálogo y negociación con la institucionalidad local, regional y nacional.
Son las y los jóvenes afro quienes han venido resistiendo y agenciando en el territorio. Aunque las políticas del gobierno invitaban a quedarse en casa, esta no fue una opción para quienes deben salir a las calles a conseguir el dinero para comprar comida, pagar arriendos y servicios públicos. En ese sentido, muchos debieron escoger entre morir de hambre o salir a la calle y contagiarse, en medio del terror mediático y la cantidad de información confusa circulante sobre el virus. Bajo este contexto, las y los jóvenes afro habitantes de distintos lugares del Pacífico colombiano, han sido satanizados y estigmatizados por medios de comunicación y redes sociales, por ser quienes “propagan y aumentan” el contagio del virus, por “no cumplir” con las normas de cuidado y con las medidas de distanciamiento social.
En ese sentido, se hace pertinente conocer las voces, experiencias y reflexiones de los jóvenes de las organizaciones sociales de los territorios de Buenaventura, Cali y Puerto Tejada para evidenciar cómo la violencia y el racismo estructural se han agudizado a causa de la llegada de la pandemia de la COVID-19. Para las y los jóvenes afrocolombianos, empobrecidos y racializados, las acciones políticas y medidas del gobierno creadas para responder a la pandemia (como el confinamiento social o la restricción laboral) se tomaron sin responder a garantías reales de asistencia médica y psicológica, renta básica, refugio y alimentación, lo que aumentó la brecha de desigualdad social, la violencia y el racismo.
Ahondar en sus relatos permite evidenciar cómo sus realidades y las de sus familias, amigos y amigas se han visto duramente afectadas. Los impactos que esta emergencia sanitaria está causando a las y los jóvenes negros, apenas empiezan a manifestarse. Por ello, se hace necesario comenzar a fomentar otra forma de hacer política o, al menos, de considerar un análisis interseccional en el diseño de políticas públicas o la toma de decisiones, en la que se reconozcan las desigualdades provocadas por la imbricación de distintos marcadores de diferencia. Esta mirada interseccional, también, nos muestra lo indispensable que es la participación de grupos que han sido sistemática e históricamente vulnerados en la génesis, implementación y evaluación de dichas respuestas, en particular aquellas que se implementan hoy para hacerle frente a la pandemia.
Referencias
DANE (2005). Censo General de población.
Goikoetxea, I. G. (2017). ¿Un neologismo a la moda?: Repensar la interseccionalidad como herramienta para la articulación política feminista. Revista Investigaciones Feministas, 8(1), 73-93.
McCall, L. (2005). The complexity of intersectionality. Signs: Journal of women in culture and society, 30(3), 1771-1800.
Nash, J. C. (2008). Re-thinking intersectionality. Feminist review, 89(1), 1-15.
Sinisterra L y Valencia I.H. (2020) Una pandemia racializada y securitizada: una radiografía del COVID19 y la violencia en el caso Colombiano. Asuntos del Sur: Serie la democracia importa.
Autoría*: Alejandra Alzate
Asistente de investigación.
Universidad ICESI (Colombia)
Inge Helena Valencia
Docente y jefa Departamento de Estudios Sociales.
Universidad ICESI (Colombia)
Jorge Figueroa
Docente e Investigador.
Universidad ICESI (Colombia)
* Equipo investigador de Colombia. Proyecto: Innovación pública y social basados en evidencia para la construcción de un acuerdo democrático post COVID-19 en América Latina. Universidad Icesi, Asuntos del Sur. IDRC Canadá Consorcio Colabora.Lat
