Por la inclusión de las personas migrantes: aprendizaje de la experiencia mexicana
“Vamos de un lugar a otro, de un país a otro,
sin que nada nos detenga. Estamos hechos
de la misma sustancia del aire y nadie puede colocar
murallas o alambre de púas sobre el aire”.
Balam Rodrigo
América Latina y el Caribe atraviesa una crisis migratoria sin precedentes. Se estima que existen más de 15 millones de personas migrantes en la región. Esto ha significado una serie de desafíos para los Estados, especialmente para aquellos que no contaban con capacidades para atender los flujos migratorios.
Ahora que se presentan nuevos acuerdos entre países como Estados Unidos, Canadá y España con la región para hacer frente a la migración, resulta necesario identificar aquellas prácticas que estén enmarcadas en el acceso a derechos, regularización y preservación de la dignidad humana de todas las personas migrantes y refugiadas en Latinoamérica.
Por esa razón, en el marco del proyecto Colabora.Lat brindamos una perspectiva sobre cómo la experiencia de vacunación durante la pandemia puede servir de base para profundizar la inclusión y regularización de las personas migrantes. Para ello, se tomará como punto de partida y de referencia el reporte Vacunación contra Covid-19 en América Latina. Gobernanza colaborativa en contextos asimétricos. Se evaluará con especial atención el caso de las personas migrantes y trabajadoras del hogar en los municipios de Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad de México y Guadalajara analizado por Marcela Aguilar.
En contexto: La migración en México
Para el año 2021, México contaba con más de un millón de personas migrantes dentro de su territorio. Entre las nacionalidades con mayor número para ese momento, se destacaban la población venezolana y guatemalteca. De estos grupos las principales necesidades de personas migrantes estaban centradas en el acceso a la documentación (residencia permanente, permisos de trabajo), a la educación (incluido el reconocimiento de certificados profesionales y académicos), a medios de vida (servicios financieros, capacitación vocacional y técnica), a viviendas dignas y a servicios de salud y seguridad social.
Ante este panorama, la respuesta del Estado mexicano ha estado bajo la narrativa de una migración regular, ordenada y segura. No obstante, se ha evidenciado una inconsistencia en las políticas migratorias durante el periodo del presidente López Obrador. Además, la coyuntura que representó la pandemia sólo aumentó la vulnerabilidad de las personas migrantes y los desafíos hacia la institucionalidad mexicana. Pero, también surgió la oportunidad para avanzar en la inclusión de estos grupos.
Ese fue el caso de las políticas enfocadas en la vacunación de las personas migrantes en los municipios de Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad de México y Guadalajara. Esta implementación se enmarcó en la Política Nacional de Vacunación (PNV), donde se desplegaron en el territorio unas brigadas denominadas “Correcaminos” de vacunación, conformadas por médicos, enfermeros, voluntarios, promotores de programas sociales y elementos de la Secretaría para la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
Si bien de manera explícita el PNV no registró una campaña específica para personas migrantes, durante los meses de agosto y septiembre de 2021 se aplicaron vacunas en campamentos de caravanas migrantes, donde el único requisito específico para acceder a la vacunación era ser mayor de 18 años. Así se otorgó un comprobante a las personas migrantes vacunadas.
Sin embargo, estos hechos fueron aislados, ubicándose principalmente en Tijuana, Baja California, en la frontera norte de México con Estados Unidos y en Tapachula, Chiapas, en la frontera sur. Además, entre los desafíos más relevantes para alcanzar a vacunar a todas las personas migrantes, se encontraba la falta de un registro para llevar un control, ya que los sistemas contemplados estaban basados en el Registro de Población (CURP), que no incluye a las personas migrantes en situación de irregularidad.
Pese a una narrativa incluyente (por ejemplo, el presidente López Obrador anunció, el 12 de enero de 2021, que las personas migrantes que se encontraran en territorio mexicano estarían consideradas para recibir la vacuna), en la práctica se implementó con discrecionalidad y no como una población prioritaria. De igual manera, las jornadas de vacunación en los campamentos migrantes fueron esporádicas y no permanentes.
Aprendizajes desde México: con las personas migrantes
La experiencia mexicana se encuentra lejos de ser ejemplar en términos de eficacia para atender a la población migrante. Sin embargo, el ejemplo que se muestra sirve para abordar aspectos básicos que debería tener toda política colaborativa, abierta e incluyente que busque atender a las personas migrantes. En ese sentido, a continuación se presentan algunas lecciones aprendidas de este proceso:
1. Diseñar sistemas que permitan la inclusión de las personas migrantes: en mayor o menor medida, los sistemas de identificación de los Estados ya se encuentran digitalizados e interoperables. Esto facilita la trazabilidad de los servicios brindados por parte de las instituciones públicas a la ciudadanía. A pesar del éxito de estos sistemas, en su mayoría se encuentran limitados a la identificación nacional de cada país, con la consecuencia de exclusión indirecta de todas aquellas personas que no posean una identificación nacional, como ocurrió en el caso mexicano. Por esa razón, el diseño de sistemas digitales de identificación debe permitir la inclusión de las personas que no cuenten con una identificación nacional, ya sea mediante la inclusión de opciones que habiliten número de pasaportes o números temporales mientras se regulariza la situación migratoria de la persona.
2. Implementar políticas abiertas que sirvan como incentivo para la inclusión de las personas migrantes: la implementación de políticas sociales amplias implica tener el mayor alcance posible hacia la ciudadanía, especialmente en situaciones de emergencia. No obstante, si su implementación depende de la voluntad de las personas beneficiarias, se deben generar incentivos para que las personas acudan o acepten el servicio implementado. Si bien, existen incentivos coercitivos como las multas o sanciones, cuando se trata de población migrante en situación irregular, estos incentivos no son efectivos, ya que al no formar parte del sistema formal, no tienen un mayor costo para ellas acudir o no. En ese sentido, se deben diseñar políticas abiertas que brinden un incentivo atractivo para estas poblaciones o al menos brinden ciertas garantías de que al momento de recibir el beneficio no serán sancionadas. Existen casos de personas migrantes que no acudián a los centros de vacunación por miedo a una represalia por parte de las autoridades al encontrarse en una situación irregular.
3. Ubicar puntos permanentes en los territorios en los que viven las personas migrantes para brindar servicios de atención: se sabe que el despliegue territorial de la institucionalidad pública es limitado. Pero, si existe el interés de brindar ciertos servicios a la población migrante, especialmente aquella en situación irregular, resulta necesario ubicarse en los territorios donde se encuentran estos grupos o en los trayectos más frecuentados. Por ejemplo, la vacunación de las caravanas migrantes se trató de una buena práctica que se puede implementar para brindar otros servicios públicos. No obstante para ello es importante tener un buen mapeo de las zonas y rutas utilizadas por las personas migrantes, donde normalmente, existe poca presencia del Estado.
4. Crear marcos legales que permitan compartir información de interés sobre las personas migrantes con prevención de sus datos personales: una de las mayores barreras que tienen los Estados al momento de abordar la situación de las personas migrantes es la falta de información sobre su identidad. En algunos casos esto pasa por falta de colaboración entre los gobiernos de los países de origen y los gobiernos de los países de acogida. Si bien, existen muchas propuestas orientadas a la creación de identidades digitales que permitan la verificación de las personas migrantes, todavía no existen legislaciones concretas que vayan orientadas en ese aspecto. No obstante, se trata de ideas que se deben explorar, ya que en la práctica los Estados recogen datos sobre las personas migrantes como pasó en el contexto de la vacunación en México. Sin una legislación clara, esos datos pueden ser utilizados con discrecionalidad por los gobiernos, y a su vez, se pierde la oportunidad de facilitar la regularización de personas indocumentadas.
5. Incluir a los gobiernos locales y actores comunitarios en la regularización e integración de las personas migrantes: si bien enfatizar la importancia que tienen los gobiernos locales en la migración no resulta innovador, es necesario recalcarlo como una propuesta necesaria para la regularización e integración de las personas migrantes. En el ejemplo de México, la Política Nacional de Vacunación (PNV) fue diseñada por el gobierno federal, pero fueron las instituciones subnacionales y locales quienes debieron aplicar su implementación en el territorio. Además, la presión de las organizaciones de la sociedad civil fue clave para que ello pasara. Este mismo caso debería ocurrir con la regularización de las personas migrantes, ya que son los gobiernos locales quienes tienen mayor conocimiento del contexto local y de cuáles son aquellas oportunidades dentro del territorio que se pueden aprovechar para avanzar en materia de regularización e integración.
Actualmente, la situación de las personas migrantes sigue estando en un estado de crisis con un aumento de los flujos migratorios que atraviesan desde los desiertos del altiplano boliviano-chileno hasta la selva del Darién, entre Colombia y Panamá. Por esa razón, la generación de propuestas y la creación de espacios de conversación sobre la situación de las personas migrantes son necesarias y deben estar en el centro del debate al abordar la gobernabilidad democrática en América Latina.
Autor: Carlos Carrasco, consultor Colabora.Lat
