Cómo aplicar el Acuerdo Escazú desde la perspectiva del Gobierno Abierto

Si el mundo no aprende en este momento a respetar al ecosistema, 

¿Qué esperanza tienen las generaciones del futuro? 

Rigoberta Menchú

En un contexto latinoamericano marcado por la llegada del Fenómeno de El Niño durante este año 2023, resulta importante conocer cuáles son los modelos de gobernanza que los Estados de la región están implementado para abordar todos los episodios vinculados al ambiente, los ecosistemas o efectos cíclicos climáticos.

Como antecedente reciente a estos modelos o mecanismos de coordinación, en octubre del 2023 se llevó a cabo la Semana del Clima de América Latina y el Caribe (LACCW, por sus siglas en inglés). En esta instancia, se reunieron representantes de gobiernos locales y nacionales; así como también, comunidades indígenas, sociedad civil y sector privado para debatir los retos y oportunidades de la acción climática en una de las regiones más diversas del mundo.

En la LACCW se abordaron temas como los sistemas energéticos e industria; ciudades, asentamientos urbanos y rurales, infraestructuras y transportes; tierras, océanos, alimentos y agua; sociedades, salud, medios de subsistencia y economías.

Más allá de las conferencias: El Acuerdo de Escazú

Sin embargo, más allá de las acciones y de los compromisos de los Estados para adaptarse y mitigar el cambio climático con vista a mantener alcanzable la meta de solo un aumento de 1,5º, existe una dimensión ciudadana que resulta necesaria para enfrentar adecuadamente los fenómenos climáticos relacionados con la participación ciudadana y el acceso a la justicia.

En ese sentido, desde el año 2018, la región cuenta con un compromiso regional llamado Acuerdo de Escazú que trata el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Según indica la CEPAL, este mecanismo es único en su tipo y representa un logro a nivel regional e internacional con relación a los derechos ambientales. Además, es el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre la protección de los defensores de derechos ambientales.

 

 

 

Se podría resumir que, el Acuerdo de Escazú promueve al menos tres líneas de acción básicas: 

1. Acceso a la información ambiental.
2. Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. 
3. Acceso a la justicia en asuntos ambientales. 

Hasta el momento, los países que forman parte de este compromiso regional son 25:  Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, San Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

A continuación, se presenta un breve esquema sobre el acuerdo:

Fuente: Secretaría del Acuerdo de Escazú, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

¿Cómo podemos aplicar el Acuerdo de Escazú desde la ciudadanía?

Una forma para poder aplicar este compromiso regional se puede encontrar en el aprovechamiento de las herramientas que ya se están utilizando para modernizar y democratizar las instituciones públicas como es el paradigma de Gobierno Abierto. Esto es validado por la investigadora  Andrea Sanhueza en su análisis Democracia ambiental: un punto de encuentro entre gobierno abierto y el Acuerdo Escazú de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). En sentido, la CEPAL recomienda al menos tres líneas de acción que se pueden aprovechar:

1. Promover la participación. A través de los mecanismos de participación y consulta diseñados en los planes de co-creación de Gobierno Abierto, se pueden desarrollar modelos que promuevan la toma de decisiones en materia ambiental y climática legitimada por las personas que habitan los territorios.
2. Fortalecer la colaboración mediante el multilateralismo. Dentro del Gobierno Abierto, el multilateralismo se constituye como un espacio de intercambio, que ha sido fundamental para fortalecer la colaboración. Para el caso del Acuerdo de Escazú, este paradigma del multilateralismo se puede replicar, a través de la creación de espacios de intercambio regional con la finalidad de reproducir buenas prácticas, mejorar resultados o inclusive presionar a los Estados para acciones más sustanciales en materia ambiental.
3. Implementación abierta. Si algo ha facilitado el Gobierno Abierto ha sido la implementación de políticas de transparencia, transformación digital y modernización de las instituciones del Estado, a través de mecanismos que establecen plazos específicos y revisiones periódicas. Además, dichas políticas han comprometido a los gobiernos,  aunque no necesariamente sean vinculantes. Para el Acuerdo de Escazú, esta metodología se debería replicar para impulsar la implementación de políticas y leyes que vayan en línea con la protección de los derechos ambientales y el acceso a la información. Inclusive muchos compromisos de los planes de acción de Gobierno Abierto pueden ser la base para materializar a nivel institucional nuevas legislaciones de carácter ambiental y cómo respuesta a coyunturas climáticas.

No olvidemos el compromiso que tienen los Estados

Desde una perspectiva técnica, el Acuerdo de Escazú se trata de un instrumento jurídico. Los Estados son quiénes deben definir los mecanismos, las políticas y estrategias que puedan brindar la garantía de su aplicación efectiva. En ese sentido, resulta importante conocer casos donde a través de la participación ciudadana o los mecanismos de consulta se hayan generado compromisos orientados a la aplicación del Acuerdo de Escazú.

Un ejemplo de esto se encuentra en Ecuador. En donde se creó un observatorio nacional, integrado por miembros de la sociedad civil, la academia y grupos locales, que colaboran con el gobierno nacional para la implementación y supervisión del Acuerdo.

También, existen otros casos de propuestas, leyes y políticas basadas en el Acuerdo de Escazú que se tratan de ejemplos que sirven para inspirar cambios desde los gobiernos locales hasta los gobiernos nacionales:

• Ley Marco de Cambio Climático de Chile: la ley establece la gobernanza climática, facultades y obligaciones de los organismos del Estado de Chile para la acción climática, y define la meta de carbono neutralidad y la resiliencia para el 2050.
• Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios de Colombia: este programa tiene el propósito de definir y adoptar medidas de protección integral para los territorios, incluyendo a los/as representantes de organizaciones sociales, étnicas, de mujeres, ambientales, y defensoras de derechos humanos en los territorios.
• Ley de acceso a la justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica: La ley tiene por objeto facilitar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en Costa Rica tomando en consideración sus condiciones étnicas, socioeconómicas y culturales, el derecho indígena y su cosmovisión.

Para finalizar, resulta importante mencionar que más allá de las propuestas de leyes, políticas y oportunidades que puedan aprovechar los Estados para mejorar su gestión ambiental, el Acuerdo de Escazú puede marcar la diferencia y salvar cientos de vidas directamente. Por ejemplo, la ONG Global Witness indicó que América Latina fue la región del mundo con más activistas ambientales asesinados durante 2022 con 177 homicidios. Además, muchos de los desastres ambientales están vinculados con el crimen organizado como pasa con la minería ilegal en Venezuela, Brasil o Colombia.

Para detener esta persecución y depredación en los ecosistemas y en la vida de las personas, se debe profundizar el acceso a la información ambiental, una participación cívica efectiva sobre las políticas ambientales y el acceso a la justicia. El Acuerdo de Escazú representa una de las mejores oportunidades que tenemos para ello. Solo así las futuras generaciones tendrán esperanza de tener un planeta que puedan habitar. 

 

Autor: Carlos Carrasco, consultor Colabora.Lat