COVID-19: Incidencia en la inseguridad alimentaria y disminución en los ingresos en dos territorios de Guatemala
Con la pandemia del COVID-19 se estima el incremento de la inseguridad alimentaria en Guatemala. Para contribuir a su medición y escudriñar los efectos que la pandemia ha tenido en ella, RIMISP efectuó un análisis en los departamentos de Alta Verapaz y Sacatepéquez.
Guatemala ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a porcentajes de inseguridad alimentaria en la región de América Latina (45 % para el período 2017-2019). Tras más de un año, desde la irrupción de la pandemia del COVID-19 en el país, se estiman impactos negativos en diferentes ámbitos, incluyendo el incremento de la inseguridad alimentaria. Con el objetivo de contribuir a su medición y escudriñar los efectos que la pandemia ha tenido en ella, desde el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) efectuamos un análisis en los departamentos de Alta Verapaz y Sacatepéquez.
La metodología empleada fue la aplicación de encuestas representativas de cada uno de los departamentos (650 encuestas en Alta Verapaz y 660 en Sacatepéquez). Estas se llevaron a cabo entre noviembre de 2020 y enero de 2021. Los resultados del estudio presentado forman parte del proyecto Pequeña Agricultura y Alimentación Resilientes al COVID-19, que cuenta con el apoyo del International Development Research Centre (IDRC) de Canadá. La iniciativa busca comprender cómo la pandemia del COVID-19 afecta la agricultura familiar y la seguridad alimentaria en México, Guatemala, Colombia, Ecuador y Chile.
Como parte central del estudio, se elaboró una medición de los niveles de inseguridad alimentaria con la metodología conocida como Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). En esta, a través de una serie de variables compuestas de preguntas directas, se exploran aspectos como la disminución en la cantidad y calidad de la alimentación e, inclusive, la omisión de alimentación a lo largo de uno o varios días.
De la mano de las variables asociadas a los niveles de inseguridad alimentaria, se estimaron variables socioeconómicas como ingresos y empleo. También, se incorporaron dentro del análisis otros factores que inciden en la inseguridad alimentaria. Del mismo modo, se estudiaron las posibles estrategias de mitigación adoptadas desde los hogares para hacer frente a la pandemia del COVID-19.
Inseguridad alimentaria en situación de alarma
La inseguridad alimentaria se produce cuando no existe acceso físico, social y económico a suficientes alimentos higiénicos y nutritivos. Los resultados de la encuesta ponen en evidencia valores de inseguridad alimentaria alarmantemente altos, especialmente en Alta Verapaz. En este territorio, se sabe que alrededor del 60 % de la población experimenta inseguridad alimentaria. La cifra se agudiza al tener en cuenta que el 30 % de esta población se encuentra en situación de inseguridad alimentaria severa, es decir, que tiene serias dificultades para acceder a alimentos, ha estado días completos sin alimentación y se encuentra en riesgo de padecer situaciones de hambre. Por otro lado, en Sacatepéquez, las cifras de inseguridad alimentaria son menores pero igual de preocupantes. La inseguridad alimentaria total se sitúa en el 36 %, de la cual el 6.5 % es severa.
No obstante, al desagregar el indicador en áreas urbanas y rurales, se presentan brechas sustanciales. En ambos territorios, la inseguridad alimentaria severa en áreas rurales es más pronunciada, comparada con el registrado en áreas urbanas. En Sacatepéquez, en las áreas rurales, la inseguridad alimentaria total escala hasta el 53 % (13.1 % inseguridad severa y 40.2 % de inseguridad moderada). En Alta Verapaz, el mismo indicador es del 63 % (32.8 % inseguridad severa y 30.2 % inseguridad moderada).
Las causas de la inseguridad alimentaria en ambos territorios son multidimensionales y constituyen un reflejo de condicionantes socioeconómicas subyacentes particulares. El departamento de Alta Verapaz, por su parte, presenta rezagos socioeconómicos profundos; ocupa el primer puesto en pobreza y pobreza extrema en el país (83.1 % y 53.6 %, respectivamente) y el último puesto en el Índice de Desarrollo Humano (con un índice del 0.370, cuando el promedio nacional es de 0.614). A esto se añade una fuerte concentración de la tierra y presencia de grandes latifundios agrarios. A ritmo con los niveles de inseguridad alimentaria, presenta también algunas de las cifras más altas de desnutrición crónica infantil (mayores al 50 %). Además, el departamento presenta un alto porcentaje de población rural (70 %) e indígena (90 %), la cual, históricamente, ha sido la más desatendida y excluida por las políticas públicas nacionales. En comparativa con Alta Verapaz, Sacatepéquez ofrece indicadores socioeconómicos menos negativos. Tiene porcentajes de pobreza del 41.4 % y de pobreza extrema del 8.4 %. Además, el Índice de Desarrollo Humano es del 0.58. Estos componentes de naturaleza estructural guardan estrecha vinculación con los niveles de inseguridad alimentaria encontrados.
Si bien en Alta Verapaz y Sacatepéquez las elevadas cifras de inseguridad alimentaria no son nuevas y han prevalecido desde hace años, se ha identificado que la pandemia, indudablemente, ha sido un factor que ha contribuido a su incremento.
Pérdida de ingresos: un factor determinante
La pandemia del COVID-19 ha provocado una desaceleración económica que tiene como una de sus manifestaciones la baja en ingresos en los hogares de los territorios. Esto ha ido acompañado de una pérdida generalizada en el número de perceptores de ingresos en los hogares. Estos dos fenómenos, la pérdida de ingresos y la reducción en los perceptores de ingresos, constituyen las dos variables centrales identificadas que inciden en el incremento de la inseguridad alimentaria en ambos territorios.
Los resultados del estudio muestran que 6 de cada 10 hogares de Alta Verapaz y Sacatepéquez presentan pérdida de ingresos como producto de la pandemia. Estos ingresos provienen de actividad laboral remunerada pero, también, en buena parte, del comercio informal, principalmente ligado a la venta de productos agropecuarios y venta de bienes y mercancías. Es importante hacer hincapié en que, en un territorio con niveles de pobreza y pobreza extrema tan altos como los que registra Alta Verapaz, la disminución en los ingresos agudiza este indicador. En este sentido, la pandemia no ha hecho más que acentuar la crisis económica en una base amplia de hogares que ya se encontraban en precariedad. También, es muy posible que tenga un efecto desproporcionado en aquellos que ya se encontraban en posiciones próximas a caer en pobreza extrema.
La disminución de ingresos mantiene una fuerte correlación con la pérdida de puestos laborales (formales e informales). Una forma de medir esta relación es con la baja en los perceptores de ingresos. En Sacatepéquez, 5 de cada 10 hogares han perdido al menos a un perceptor de ingreso. En las áreas rurales y en los hogares con jefaturas de mujeres de este territorio, la pérdida de perceptores es al menos 6 % mayor que en áreas urbanas y en hogares con jefatura masculina.
En Alta Verapaz, en promedio, el 35 % de los hogares ha experimentado una pérdida de perceptores. Los hogares urbanos en este territorio han experimentado pérdidas un poco más marcadas (7 % mayores que en áreas urbanas). Con esto se infiere que, a nivel general, en ambos territorios, la pandemia del COVID-19 ha afectado de manera directa a sectores productivos diversos, tanto en áreas urbanas y rurales. La actividad agrícola y pecuaria pero, también, los servicios, industria y construcción han sido afectados.
La pérdida de ingresos incide de manera directa en el presupuesto del hogar destinado a la compra de alimentos. En más del 50 % de los hogares encuestados, la disminución en los ingresos representa la principal preocupación de las familias para la adquisición de alimentos. Como se esperaba, a menor ingreso existe una disminución en la compra de distintos productos alimentarios. Con ello, la dimensión de acceso a alimentos (una de las cuatro dimensiones que componen la seguridad alimentaria) se ve fuertemente amenazada. A esto se suma que, en las áreas rurales, las familias no cuentan con los recursos suficientes (de tierra, tecnificación, acceso al agua, capital, etcétera) para la producción de alimentos que se consumen durante todo el año. En las áreas urbanas, como ya es sabido, hay dependencia directa de la compra de alimentos.
Estrategias de mitigación adoptadas por los hogares
En las familias se han adoptado una serie de estrategias de mitigación que permiten hacer frente a la reducción de ingresos y al consecuente socavamiento de la seguridad alimentaria. Dentro de las principales estrategias de mitigación se encuentran: la utilización de ahorros, compra de comida al crédito, solicitud de créditos, la reducción de presupuesto destinado para salud y educación y la reducción de alimentos de carnes rojas, pollo y pescado. Alrededor de 6 de cada 10 hogares han utilizado una o más de estas estrategias para hacer frente a la crisis alimentaria.
Algunas de estas estrategias, sin embargo, pueden agravar la situación económica de los hogares y las familias. Por ejemplo, las estrategias como el uso de ahorros, compra de comida al crédito y la adquisición de préstamos, si bien aportan capital financiero a lo inmediato, son de corto plazo y pueden conducir a situaciones de falta de liquidez para el pago de la deuda y la reducción del capital. Esto puede concluir en un escenario de exacerbación de la inseguridad alimentaria. Asimismo, otra de las estrategias de mitigación con un efecto adverso es la reducción de presupuestos en rubros de importancia como la salud y educación. Esto último podría, en un mediano y largo plazo, afectar en aspectos como la incidencia y agravamiento de enfermedades y en el poco avance o bien estancamiento de la actividad educativa de niñas y niños.
Un aspecto a destacar es la reducción generalizada de la compra de alimentos de origen proteico. El consumo de carnes rojas, aves y pescados ha sido minimizado y, en su lugar, se ha dado paso a la adquisición de alimentos de menor precio. Generalmente esta sustitución se ha producido dando preferencia a alimentos envasados y procesados, que tienen menor aporte nutricional.
Baja señal de respuesta gubernamental
Los apoyos proporcionados por el sector gubernamental en general han sido limitados. La mayoría se circunscribe a la entrega de bolsas de alimentos y transferencias monetarias únicas destinadas a una pequeña población. Además, mucha de la ayuda que se aprobó para estos programas no contó con una adecuada focalización en la que se haya priorizado a la población más vulnerable [1]. Se identifica que no existe una propuesta de política pública integral, robusta y con enfoque sostenido a corto, mediano y largo plazo, para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia.
Frente a este vacío institucional, la inseguridad alimentaria continúa siendo una de las problemáticas más apremiantes en ambos departamentos. De acuerdo a los resultados obtenidos, uno de los principales detonantes de ello ha sido la baja generalizada en los ingresos de los hogares. Esta situación guarda relación con problemáticas estructurales, como la pobreza y pobreza extrema y las desigualdades de acceso a recursos productivos, presentes en ambos departamentos, pero de gran relevancia en Alta Verapaz. Las estrategias de acción para la reducción de la inseguridad alimentaria en los territorios en estudio requieren de un enfoque multivariado en el que pueda existir un involucramiento más participativo y proactivo de parte de instituciones y organizaciones especializadas en seguridad alimentaria. Es de suma importancia que, dentro de las discusiones, se puedan adoptar e incluir las percepciones sobre las distintas estrategias de mitigación de los hogares, desde un enfoque sensible a las realidades urbanas y rurales. Aún cuando la problemática no es nueva, la pandemia ha sido un punto de inflexión para muchas familias, especialmente para aquellas que ya pasaban hambre incluso antes de la crisis sanitaria. De ahí, la urgencia y necesidad de volcar las acciones y esfuerzos hacia estas poblaciones.
[1] Maldonado, E., Mendoza, C., y Montenegro, S. (2020, agosto 27). ¿A quién NO llega la ayuda? Reporte final del monitoreo de programas COVID-19 y recomendaciones para el futuro. https://dialogos.org.gt/publicaciones/quien-no-llega-la-ayuda-reporte-final-del-monitoreo-de-programas-de-emergencia-covid
Autor:
Alberto Cano
Investigador
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural -RIMISP-
